“De primero recortes, de segundo inspecciones y, de postre, criminalización del empresario“.
El segundo menú de Rajoy para 2012
Por Cristobal Navarro. Abogado, auditor y consultor.
Vicepresidente de Cepyme Alicante.
Tras las primeras medidas del Gobierno, cuantiosas pero todas ellas basadas en recortes, seguimos teniendo el mismo panorama que antes, pero con más depresión si cabe. El desaliento se va apoderando de todos y amenaza con ser el segundo plato del menú de Rajoy para 2012.
Se nos ha subido el IRPF, el IBI, los impuestos autonómicos y tenemos la seria sospecha de que el IVA y los Impuestos Especiales vendrán detrás, para no amontonar estas primeras medidas y que la ciudadanía las considere inaceptables e insoportables.
Las PYMES de nuestro país siguen sin ver ninguna disposición que pueda aliviar la situación; ya sabemos que tenemos que buscarnos la vida y sobrevivir por nuestros propios medios, pero cuando menos debemos pedir (si no exigir) que, desde el Gobierno, se cambie la política de criminalizar al empresario y digo esto porque, después de las medidas del Real Decreto Ley 20/2011, se ha anunciado un nuevo paquete de medidas para reducir el déficit donde la estrella es la lucha contra el fraude.
Y, del primero al segundo plato: Es evidente que el fraude no tiene justificación alguna ni nadie pretende dársela, pero también es indudable que el término fraude no es únicamente aplicable al no pagar impuestos, incluso cuando la propia Administración no te ha pagado y las PYMES se ven en la obligación de ingresar el IVA de facturaciones que ni siquiera han cobrado ni ingresado; cuando, además, las circunstancias e importes no permiten ni los aplazamientos.
Fraude también es tener miles de asesores por toda la geografía nacional que no poseen ninguna titulación ni preparación específica para el desempeño de esta función, a sabiendas de que no prestan ningún servicio que no sea el del cobro del favoritismo político.
Fraude, del mismo modo, es pagar con dinero público proyectos faraónicos en paraísos fiscales (y no hace falta poner nombres) contribuyendo a que el fisco español no se entere de las bases imponibles.
Fraude es constituir 4.000 sociedades públicas (¡cuatro mil!) con el único fin de generar más deuda descontrolada, que no se consolida, ni nunca lo hará, en balances con los presupuestos oficiales.
Fraude es que los directivos de las entidades de crédito las hayan expoliado con la vista de los responsables del Banco de España y de las autoridades monetarias puesta hacia otra parte.
Todos estos y muchos más fraudes no están prescritos y se pueden perseguir también por la Inspección de Hacienda como por la Fiscalía.
Ahora bien, habrá que ver si lo único que se pretende es que la Inspección tributaria se dedique a exprimir a los de siempre y desangrar a las PYMES con la interpretación torticera de reglamentos legales pero muchas veces inaplicables o tan confusos que ni siquiera los profesionales son capaces de trasladar seguridad jurídica a las empresas.
Al amparo de figuras grotescas como operaciones vinculadas, prestaciones de servicios entre socio y sociedad e inversión del sujeto pasivo, se pretende hacer caja con las pequeñas y medianas empresas de este país, que sobreviven muy difícilmente en el día a día que, cada vez, se presenta con mayores dificultades. A este paso podremos decir que tanto Zapatero como Rajoy tuvieron, sin duda, los mismos maestros y que el engaño a los ciudadanos, dicho así a las claras, es la referencia de sus mandatos.
Dicho esto, soy el primero en defender que la lucha contra el fraude debe llevarse a cabo ahora más que nunca. Siempre con el objetivo de poner de manifiesto hechos imponibles reales, motivados por operaciones que produzcan un verdadero beneficio y que puedan estar fuera del circuito legal de declaración, nunca con el intento de cumplir hasta la última coma de reglamentos propios de iluminados que pretenden escarbar en los bolsillos de las empresas que declaran legítimamente.
Por otra parte, seguimos esperando que algún gobierno acepte las deudas que las administraciones públicas (estatales, autonómicas, provinciales y locales) tienen adquiridas con las empresas como garantía suficiente del aplazamiento de las deudas tributarias ya que, hasta ahora, se limitan a cobrar intereses por las deudas que no pagan; curioso pero cierto. También, a denegar los aplazamientos de deudas tributarias que se producen por el impago de la propia administración ¿quién lo entiende? ¿Cómo pueden creer que alguien esté conforme con los recortes cuando problemas como estos perduran y amenazan con agravarse en el futuro inmediato?
Para postre de este magnífico menú (del que todavía no nos han dicho el precio real que tendrá pero que, ya les puedo asegurar, será muy superior a lo publicado) todavía no he oído ni una sola palabra de aliento con las empresas y empresarios que sobreviven. Todavía no he visto aprobada ni una sola medida que incentive el emprendedurismo o la dinamización de los mercados. Todavía no se ha concretado ni una sola medida que persiga desbloquear el mercado financiero. Triste pero cierto. Vivimos en un panorama donde únicamente se dibuja al empresario como un mero delincuente al que se debe fiscaliza y confiscar lo máximo posible para salvar las desquiciadas cuentas de un Estado maltrecho. Las razones y los motivos de ello ya se los dejo a ustedes.
Cristóbal Navarro
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